La igualdad es el corazón de los derechos humanos

Día de los Derechos Humanos - 10 de diciembre de 2021 
Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

GINEBRA (9 de diciembre de 2021) – “Los dos últimos años han demostrado, de manera muy dolorosa, el costo inaceptable que entraña el aumento de la desigualdad. Una desigualdad que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 73 años, el 10 de diciembre de 1948, ha tratado de erradicar en su esfuerzo por allanar el camino hacia un mundo mejor. 

En los decenios transcurridos desde entonces se han alcanzado progresos significativos -adelantos graduales, desiguales, con frecuentes retrocesos, pero progresos al fin y al cabo-. El mundo en su conjunto se volvió más próspero y aumentó la longevidad de la población. 

Creció el número de niños escolarizados y más mujeres pudieron alcanzar un mayor grado de autonomía. Más personas en más países tuvieron más oportunidades para romper las cadenas de la pobreza, la clase social, la casta y el género.   

Pero en los últimos veinte años, desde 2001, una serie de crisis mundiales han socavado esos progresos. Y la propagación de esta devastadora pandemia en 2020 ha puesto al descubierto nuestra incapacidad de consolidar los adelantos que habíamos alcanzado.

La búsqueda efectiva de las personas desaparecidas en México debe ser garantizada: ONU-DH

Ciudad de México, 30 de agosto de 2021 – Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llama a las autoridades a fortalecer la garantía de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias por medio de procesos efectivos de búsqueda.

“La desaparición es una de las violaciones de derechos humanos más terribles, por el impacto que tiene en las personas desaparecidas y en sus familias y como tal requiere de una respuesta comprometida y coordinada de las instituciones. Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección ante las desapariciones implica que las personas desaparecidas deben ser buscadas por las autoridades de forma efectiva, coordinada y haciendo uso de todos los recursos y medios institucionales disponibles para localizar a la víctima”, señaló Jesús Peña Palacios, Representante adjunto en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“El derecho a la búsqueda de las personas que han sido víctimas de desaparición no es una mera abstracción, sino que requiere una investigación exhaustiva, imparcial, con participación de los familiares de la persona desaparecida y basada en la presunción de vida de la víctima”, añadió el Sr. Peña Palacios.

La ONU-DH saluda los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, las familias de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil para conseguir la puesta en marcha del Equipo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

La efectiva implementación del MEIF, con el respaldo al más alto nivel de las autoridades concernidas, con recursos y capacidades suficientes ofrece una esperanza para abordar la emergencia forense que actualmente enfrenta el país y que ha sido reconocida por las autoridades; asimismo, proporciona a la comunidad internacional una oportunidad para colaborar con México para hacer frente a esta crisis. Los esfuerzos que se realicen desde el MEIF deberán complementarse con la decidida acción de las autoridades federales y estatales para garantizar el correcto funcionamiento de los diversos servicios periciales y forenses.

En todos los casos la búsqueda efectiva debe contar con la participación de las familias de las personas desaparecidas en condiciones de dignidad y que garanticen su seguridad.

“Las familias de las personas desaparecidas han investigado, han liderado acciones de búsqueda y participado en las actividades de búsqueda realizadas por las autoridades. Al mismo tiempo, estas búsquedas, que han servido para esclarecer el paradero de numerosas personas desaparecidas, han puesto en riesgo a las familias en muchas ocasiones. Amenazas, ataques, desapariciones y asesinatos son algunos de los riesgos que las familias enfrentan en su necesidad de obtener la respuesta a ¿dónde están? Es necesario que las autoridades garanticen las condiciones efectivas para que la participación de las familias sea en condiciones seguras”, añadió el señor Jesús Peña.

La búsqueda efectiva debe abarcar a todas las víctimas de desaparición, incluidas las personas víctimas de desaparición forzada durante la denominada “Guerra Sucia”, cuyas familias perseveran en reclamar respuestas al Estado, sin importar el tiempo transcurrido desde que sus seres queridos fueron desaparecidos.

La ONU-DH recuerda la necesidad de priorizar las acciones de búsqueda en vida. Para ello es indispensable que la búsqueda sea inmediata, minuciosa, exhaustiva y diligente por parte de todas las instituciones del Estado con capacidades para contribuir a la misma y sin obstáculos injustificados que la demoren o la hagan ineficaz.

“La efectividad de la búsqueda es un deber ineludible de las instituciones. Un deber hacia las personas desaparecidas, hacia sus familias y hacia toda la sociedad que también merece saber la verdad. Este deber se hace aún más urgente cada vez que una madre, un padre o cualquier otro familiar fallece sin haber tenido respuesta sobre el paradero de su ser querido”, concluyó el señor Jesús Peña.

Finalmente, la ONU-DH reafirma su voluntad de seguir acompañando a las familias de las personas desaparecidas en México en la búsqueda de sus seres queridos y la exigencia de justicia. La ONU-DH refrenda su plena disposición para trabajar con las instituciones del Estado mexicano para hacer frente a este atroz crimen.

Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el uso de software espía para vigilar periodistas y personas defensoras de derechos humanos
Ginebra, 19 de julio de 2021
 
“Las revelaciones sobre el aparente uso extendido del software Pegasus para espiar periodistas, personas defensoras de derechos humanos, políticas y otras en diversos países son extremadamente alarmantes, y parecen confirmar algunos de los peores miedos sobre el potencial uso indebido de las tecnologías de vigilancia para socavar ilegalmente los derechos humanos de las personas.
 
“Diversas entidades del sistema de derechos humanos de la ONU, incluida mi Oficina, han planteado preocupaciones de manera repetida sobre los peligros de que las autoridades utilicen herramientas de vigilancia desde una variedad de fuentes en aras de una supuesta promoción de la seguridad pública para hackear teléfonos y computadoras de personas que llevan a cabo legítimas actividades periodísticas, de monitoreo de derechos humanos o que expresan su desacuerdo u oposición política.
 
“El uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Los informes sobre vigilancia también tienen el nefasto efecto de que las personas se censuren por miedo. Las personas periodistas y defensoras de derechos humanos juegan un rol indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciadas, todos sufrimos.
 
“Me gustaría recordar a todos los Estados que las medidas de vigilancia pueden ser sólo justificadas en circunstancias específicamente definidas, con un objetivo legítimo. Y que deben ser tanto necesarias como proporcionales a dicho objetivo.
 
“Dado el hecho de que el software espía Pegasus, así como el creado por Candiru y otros, permite intrusiones profundas en los dispositivos de las personas, lo cual resulta en tener conocimiento sobre todos los aspectos de sus vidas, su uso sólo puede ser justificado en el contexto de investigaciones de serios crímenes y amenazas graves de seguridad. Si las recientes alegaciones sobre el uso de Pegasus son incluso parcialmente verdaderas, entonces esa línea roja ha sido traspasada una y otra vez en total impunidad.
 
“Las empresas involucradas en el desarrollo y distribución de tecnologías son responsables de evitar dañar los derechos humanos. Es necesario que tomen medidas inmediatas para mitigar y remediar los daños que sus productos están causando o a los que están contribuyendo, y llevar a cabo una debida diligencia con enfoque de derechos humanos para asegurar que ya no son parte de dichas consecuencias desastrosas, evitando estar involucradas en escenarios similares en un futuro.
 
“Además de frenar de manera inmediata su propio rol en estas violaciones de derechos humanos, los Estados tienen el deber de proteger a las personas de los abusos del derecho a la privacidad de las empresas. Un paso clave para efectivamente prevenir el abuso de la tecnología de vigilancia es que los Estados, por ley, requieran a las empresas involucradas que cumplan con sus responsabilidades de derechos humanos, que sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y que lleven a cabo mecanismos de rendición de cuentas más efectivos.
 
“Estos reportes también confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de asegurar una estricta supervisión y autorización. Sin los marcos regulatorios conforme a los derechos humanos, simplemente hay demasiados riesgos de que estas herramientas serán abusadas para intimidar a las personas críticas y silenciar el disenso.
 
“Los gobiernos deberían poner un alto inmediato a su propio uso de las tecnologías de vigilancia que violen derechos humanos y deberían llevar a cabo acciones concretas para proteger la privacidad ante dichas invasiones, regulando la distribución, el uso y la exportación de tecnologías de vigilancia creadas por otros.”
 

Comentario de Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH México en ocasión del acto de disculpa pública a víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, Nuevo Laredo, Tamaulipas


Ciudad de México, 13 de julio de 2021 – “La Oficina que represento acudió al acto de disculpa pública del Estado a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de la Marina en la ciudad de Nuevo Laredo, en 2018, como estableció la CNDH.

“Hoy debemos destacar el valor y perseverancia con que las víctimas de estos hechos han luchado para conseguir el reconocimiento de estas graves violaciones a sus derechos humanos, con el apoyo de los defensores que les asisten. A pesar del dolor de la ausencia, de los diversos obstáculos y estigmas que han debido enfrentar en el camino, la valentía y dignidad de las víctimas renuevan nuestra fe en que es posible construir una sociedad en la que todas las personas disfruten sus derechos sin temor y sin que nadie quede atrás. La ONU-DH les seguirá acompañando en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. 

“El acto de disculpa del Estado mexicano tiene el valor del reconocimiento público de la dignidad y derechos de las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos. Confiamos en que la participación de la Secretaría de Marina en el evento siente un positivo precedente en favor no sólo de la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, por ser la primera vez que reconocen su responsabilidad en un evento de esta naturaleza, sino también de su contribución a la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y de medidas de no repetición.

“Es muy importante tener presente que toda disculpa pública es parte de una respuesta integral del Estado, que debe incluir medidas efectivas para continuar la búsqueda de las personas que están desaparecidas y la investigación judicial de los hechos.”

Las personas con discapacidad en México deben ser contadas: Human Right Watch

En un movimiento positivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) está estudiando cómo desarrollar una nueva política que incluiría las discapacidades en la recopilación de datos del gobierno. Sin datos adecuados, es difícil para el gobierno desarrollar e implementar políticas efectivas que impacten a millones de personas en todo el país.

Muchas encuestas del INEGI, como la encuesta periódica sobre violencia contra las mujeres, no incluyen actualmente categorías de discapacidad, a pesar de la prevalencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Un informe de Human Rights Watch de 2020 encontró que las políticas gubernamentales, incluida la recopilación de datos, no hacen lo suficiente para proteger a las mujeres con discapacidad de la violencia.

A medida que avanza para implementar la nueva política, el INEGI está consultando con organizaciones de derechos de las personas con discapacidad en México. El 12 de julio, Human Rights Watch, junto con grupos de derechos de las personas con discapacidad, envió una carta al presidente de la agencia pidiendo que el proceso fuera significativo y accesible.

(Washington D.C.) – La creciente campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega requiere aumentar el rol que juega las Naciones Unidas respecto a la crisis en Nicaragua, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

Junio 22, 2021

Arremetida contra críticos

Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua

• Descargar el informe completo en Español

El informe de 38 páginas, titulado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del Presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.

La crisis nicaragüense tiene repercusiones alarmantes a nivel regional. Más de 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país desde la represión del gobierno en 2018. Dos terceras partes ha buscado refugio en la vecina Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses.

Entre enero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias. Human Rights Watch revisó fotografías y videos tomados durante las detenciones e incidentes de vigilancia policial, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. El 14 de mayo, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones en estos casos, pero no ha recibido una respuesta.

Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad. Es común que policías –y, a veces, militares– hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria, concluyó Human Rights Watch. Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención.

Algunas personas han sido detenidas de manera arbitraria por períodos que van desde algunos días hasta varios meses. Varias dijeron haber sido sometidas a tratos abusivos durante la detención que, en al menos dos casos documentados por Human Rights Watch, probablemente constituyan torturas.

Las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos reportan que 124 personas percibidas como críticas seguían detenidas arbitrariamente hasta junio de 2021. La mayoría había estado encarcelada por más de un año.

La activista de derechos humanos y estudiante universitaria Valeska Sandoval, de 22 años, fue forzada a subir a un vehículo policial sin que le ofrecieran ninguna explicación el 24 de abril de 2021. Sandoval relató que, en la cárcel de El Chipote, “dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza”. Un oficial le preguntó “qué había dicho en Estados Unidos”, donde Valeska había intentado pedir asilo, sin éxito, antes de ser deportada de regreso a Nicaragua. Valeska dijo a Human Rights Watch que agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. “Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos”, contó. Cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: “La próxima vez que te veamos, vamos a matarte”.

Un portavoz de Naciones Unidas señaló el 9 de junio que el Secretario General António Guterres estaba “profundamente preocupado por los recientes arrestos y detenciones, así como por la inhabilitación de las candidaturas de opositores en Nicaragua”. Sobre la base de su Llamado a la acción por los derechos humanos, el Secretario General debería invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región, sostuvo Human Rights Watch. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU también deberían pedirle informes al Secretario General y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en Nicaragua.

La última reunión del Consejo de Seguridad sobre la alarmante situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, a petición de Estados Unidos. En esa oportunidad, Human Rights Watch instó a los países miembros de la ONU a presionar a Nicaragua para que cesara la brutal represión contra manifestantes, disolviera los grupos armados partidarios del gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

La ACNUDH ha condenado los abusos en Nicaragua en reiteradas oportunidades. En marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que insta al gobierno a que “derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos”, así como a “aprobar [...] reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, de acuerdo con las normas internacionales, que prevean la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales”.

El Presidente Ortega ha estado en el poder desde 2007. En 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo. Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido –que controlaba, y aún controla, la Asamblea Nacional– derogó los límites presidenciales, permitiendo que se volviera a postular en 2016. Su gobierno ejerce pleno control sobre todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral.

Ortega ha recurrido a la represión desde hace tiempo para permanecer en el poder. La Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno reprimieron violentamente a manifestantes en 2018, cuando detuvieron y procesaron arbitrariamente a cientos de ellos. La represión dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos. Graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos, han quedado en la impunidad.

La reciente ola de arrestos y persecución ha sido posible gracias a nuevas leyes represivas que violan las garantías al debido proceso establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, y que están siendo utilizadas para disuadir la crítica, dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias y mantener a críticos encarcelados para impedir su participación política, indicó Human Rights Watch.

El Presidente Ortega también ha usado su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar una serie de modificaciones electorales que impiden que candidatos opositores participen en las elecciones. Además, la Asamblea Nacional designó siete miembros nuevos del Consejo Supremo Electoral que simpatizan con su partido. El 18 de mayo, el Consejo prohibió que el partido que había funcionado como el vehículo electoral de una de las dos principales coaliciones opositoras participara en los comicios de noviembre.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, explicó Vivanco. “Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”.

Las desapariciones de las defensoras de derechos humanos Grisell Pérez Rivera y Claudia Uruchurtu Cruz deben ser esclarecidas: ONU-DH

Ciudad de México, 13 de mayo de 2021 – La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena las desapariciones de las defensoras de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida en Nochixtlán, Oaxaca, y Grisell Pérez Rivera, ocurrida en Tlalmanalco, Estado de México. La ONU-DH llama a las autoridades a realizar una investigación urgente e integral de los hechos y a lograr la búsqueda y localización de las dos defensoras de derechos humanos, desaparecidas desde hace más de 40 días.

“En México, las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos, y ésta se ve agravada por la discriminación estructural por motivos de género. Es esencial que la búsqueda de las dos defensoras y la investigación de su desaparición incorpore la perspectiva de género”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

En los últimos años, la señora Uruchurtu Cruz ha denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán. En la noche del 26 de marzo de 2021 habría sido vista por última vez, durante una manifestación frente al edificio del Ayuntamiento de Nochixtlán, donde se llevaba a cabo una protesta contra la actuación de la policía municipal que habría golpeado a una persona. En días recientes, las autoridades han anunciado la detención de algunas personas que estarían relacionadas con la desaparición.

Por su parte, la señora Pérez Rivera es fundadora y directora de la organización civil “La Cabaña de la Sabiduría”, donde brinda asesoría a víctimas de violaciones de derechos humanos y a familiares de víctimas de desaparición y feminicidio. Desde marzo de 2021, la señora Pérez Rivera se encuentra desaparecida; se le ubica por última vez en las instalaciones de la organización y se está pendiente de los resultados de las acciones adelantadas por las autoridades que han tenido conocimiento del caso.

“La impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos es una de las causas que más agravan la vulnerabilidad que enfrentan en México. Una investigación efectiva y de acuerdo a los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia por estos hechos, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió el señor Fernández-Maldonado.

La ONU-DH llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar una búsqueda pronta y efectiva de las dos defensoras conforme a los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y a los demás estándares relevantes en la materia, incluido el principio de búsqueda en vida y el uso de todos los recursos disponibles para la búsqueda.

Asimismo, la ONU-DH alienta a que las acciones que adelanten las autoridades sean parte de una investigación pronta y exhaustiva de ambas desapariciones, que comprenda todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de las desapariciones con las actividades de defensa de los derechos humanos realizada por ambas defensoras, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación. La ONU-DH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades permitan un pronto esclarecimiento del paradero de las defensoras y la sanción a los responsables.

Adicionalmente, la ONU-DH llama a las autoridades a garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para las familias de ambas defensoras, así como para las personas y organizaciones que las acompañan en la exigencia de verdad y de justicia.

Finalmente, la ONU-DH reitera su disposición de asistir técnicamente a las autoridades correspondientes y expresa su profunda solidaridad con las familias de la señora Pérez Rivera y de la señora Uruchurtu Cruz.

Alekséi Anatólievich Navalni¹² o Alexéi Anatólievich Navalni³ (en ruso, Алексей Анатольевич Навальный, transliterado académicamente como Alekséj Anatól'jevič Naval'nyj; Odintsovo, óblast de Moscú, 4 de junio de 1976) es un abogado y político ruso, opositor de Vladímir Putin. Una parte de la prensa occidental lo ha definido como el líder de la oposición.⁴ En la actualidad está detenido en Rusia. El 2 de febrero de 2021 fue condenado a tres años y medio de cárcel por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta.⁵

En las elecciones a la alcaldía de Moscú en 2013 logró el 27,24 % votos. En 2011, fundó la ONG Fundación Anticorrupción cuyo objetivo es la investigación de la corrupción de funcionarios, autoridades y empresas rusas controladas por el Estado. Utiliza su bitácora para organizar peticiones a gran escala de la ciudadanía frente a lo que él considera problemas de Rusia, principalmente relacionados con la corrupción, de acuerdo con las leyes de la propia Federación de Rusia, que parecen ser ampliamente ignoradas por los funcionarios, las autoridades y las empresas controladas por el Estado. Así el Índice de percepción de corrupción 2018 situaba a Rusia en el puesto 138 de los 180 países analizados.⁶

Actualmente es el único líder político en Rusia a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.⁷ Escribe regularmente en medios de comunicación rusos independientes así como para la edición rusa de la revista Forbes.

El 20 de agosto de 2020, fue hospitalizado inconsciente en estado grave, ingresado en cuidados intensivos en el hospital de Omsk en Siberia. Según su portavoz denunció que «ha sido envenenado, intoxicado».⁴⁸⁹ El viernes 21 de agosto, un avión medicalizado salió de Alemania hacia Omsk para trasladar a Navalni a Berlín. Tras la negativa inicial de los médicos del hospital a que fuera trasladado, ese mismo día se estableció que el paciente estaba estable y se autorizó su traslado.¹⁰ El avión llegó al aeropuerto de Berlín el sábado 22 de agosto a las 9 de la mañana.¹¹

El lunes 24 de agosto, el Hospital Charité de Berlín confirmó en un comunicado que «la evidencia clínica sugiere una intoxicación por una sustancia que pertenece al grupo de los inhibidores de la colinesterasa» y que su estado era «grave pero no potencialmente mortal».¹² El 27 de agosto, la fiscalía rusa solicitó a Alemania los datos sobre la situación de salud de Navalni afirmando no ver «ninguna prueba de actos criminales».¹³ El 2 de septiembre, el gobierno federal de Alemania confirmó que las pruebas de toxicología llevadas a cabo por un laboratorio especializado del Ejército alemán eran «inequívocas» del envenenamiento con el agente nervioso Novichok.¹⁴¹⁵ El 7 de septiembre el hospital Charité informó que había salido del coma inducido y que responde a estímulos verbales.¹⁶ El 23 de septiembre recibió el alta del hospital con optimismo en torno a su total recuperación. Su portavoz señaló que permanecería todavía en Alemania porque el tratamiento todavía no ha terminado.¹⁷

El 17 de enero de 2021, regresó a Rusia junto a su esposa tras permanecer 5 meses en Alemania después de su envenenamiento. Navalni fue arrestado al cruzar el control de pasaportes, acusado de incumplir las condiciones de una condena previa por corrupción. Previamente había sido advertido de regresar al país para que cumpla los términos de su prisión suspendida.¹⁸ El juzgado del distrito de Jimki decretó prisión provisional hasta el 15 de febrero, día en el que debía decidirse si continuaba en prisión o regresaba al régimen abierto de condena que disfrutaba antes del envenenamiento.¹⁹

El 19 de enero, la Fundación Anticorrupción dirigida por Navalny publicó la investigación titulada El palacio de Putin: historia del mayor soborno acerca del palacio que tiene Putin a las orillas del mar Negro en Gelendzhik.²⁰ La investigación consta de un documental con subtítulos en inglés²¹ así como con un informe publicado exclusivamente en ruso.²² El vídeo con el documental contaba con 12 millones de visualizaciones a las 9 horas de su aparición

Marcela Villalobos Andrade, presidenta en México de Amnistía Internacional

Tomado de la Revista Personae,  junio 2021

En el reporte anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, el nombre de nuestro país aparece en demasiadas ocasiones, lo cual no es nada bueno. De ello charlamos con Marcela Villalobos Andrade, presidenta en México de dicha organización.

Diagnostica: “Hay algunos aciertos, pero desafortunadamente seguimos reportando lo mismo año con año, tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia contra niñas y mujeres, torturas y otros malos tratos. Temas como la libertad de expresión continúan siendo una constante... Independientemente de los aciertos como sucede con la comisión especializada para la investigación en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, también está la ratificación del Acuerdo de Escazú, para la defensa de los derechos ambientales en la región, que, además de esa ratificación, habrá que tener acciones concretas.

Las violaciones a los Derechos Humanos siguen siendo una constante, y la pandemia evidenció estas desigualdades y fallas estructurales en cuanto acceso a la salud”. “Tenemos un caso de una persona que era responsable de hacer limpieza en el ISSSTE y fue despedido por pedir condiciones dignas, que era lo mínimo básico para protegerse del virus como un cubrebocas. Si desde el personal sanitario se manifiesta esta preocupación ante el acceso individual de protección para trabajar de manera segura, el panorama es adverso en un país con esas desigualdades..."

La presencia de militares patrullando por las calles, no es vista con buenos ojos por el organismo internacional: “Desafortunadamente, la estrategia sigue siendo la misma, al final es la militarización de la seguridad pública, la estrategia continua. Desde la creación de la Guardia Nacional, ya veníamos advirtiendo los riesgos que representa la instauración de un cuerpo militar para hacer tareas de seguridad y ahora no sólo está de seguridad pública, sino también ya hay otras tareas que eran netamente civiles que les han dado a los militares, otorgándoles más poder y más recursos...”

(transcripción parcial)